El Gobierno confía a Marruecos el papel de gendarme de la frontera sur de Europa
Estábamos contentos porque la Guardia Civil había dejado un poco de maltratarnos, creíamos que había un cambio, pero es peor ahora porque el trabajo se hace en un país sin derechos humanos, aquí ni podemos denunciar nada. Todo ha empeorado desde que el rey de España ha venido a ver al otro rey; ahora que son tan amigos nosotros somos las víctimas de los dos gobiernos. Este testimonio, perteneciente a un inmigrante subsahariano que fue rechazado en la frontera ceutí, forma parte de un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y SOS Racismo, y representa en su dimensión más dramática y cotidiana, la evolución de la política sobre control de personas de la Unión Europea. Una tendencia que busca desplazar las actuales barreras de la Unión a los países vecinos, y delegar en sus gobiernos la gestión de un asunto que en los foros europeos corre parejo a la lucha contra el terrorismo.
El Programa de la Haya, documento marco que fue aprobado el pasado 3 de marzo y regirá el devenir de la Unión durante los próximos años resulta claro al respecto: el Consejo Europeo pone de relieve la necesidad de cooperación intensificada y de creación de capacidad, tanto en las fronteras meridionales como en las orientales de la UE, para permitir que estos países gestionen mejor la migración y proporcionen protección adecuada a los refugiados.
Mohamed VI ha entendido todo esto a la perfección y lo utiliza hábilmente como lanzadera hacia el mercado europeo, sabiendo que mientras Marruecos se dote de mayor capacidad de contención de la inmigración y del terrorismo, Europa hará la vista gorda ante determinados asuntos de índole interno. En la histórica visita que Juan Carlos I realizó en enero al país vecino, el monarca alauita solicitó más dinero para ejercer su tarea de estado tapón y sólo una semana después, el Gobierno de Zapatero le dio cumplida respuesta, a través de los secretarios de Estado de Seguridad e Inmigración, Antonio Camacho y Consuelo Rumí, respectivamente. En rueda de prensa conjunta celebrada en Rabat, anunciaron la intención de ayudar a Marruecos a implantar a lo largo de su costa y fronteras interiores un sistema similar al SIVE español, así como a mejorar los instrumentos de coordinación entre las dos monarquías.
Camacho aseguró que España y Francia pretenden liderar un programa de la UE dotado con 40 millones de euros procedentes de los fondos MEDA, que permita a Marruecos
dotarse de medios tecnológicos para la detección de la inmigración irregular subsahariana que transita por su territorio. Los MEDA constituyen el principal instrumento de financiación de la cooperación euromediterránea y representan el activo fundamental del Proceso de Barcelona, que desde hace 10 años tiene como objetivo teórico impulsar el desarrollo político (democrático) y económico (a través de la creación de Zonas de Libre Comercio) de los países de la ribera Sur del Mediterráno y el Medio Oriente.
La colaboración entre España y Marruecos en materia de gestión de flujos migratorios no ha cesado de intensificarse en los últimos años, como muestran los actuales programas de patrullas conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería o la firma en 2002 del Acuerdo de buena vecindad que contempla la devolución a territorio marroquí de todos los migrantes llegados en patera a las costas españolas desde Marruecos. Fruto de esta relación, afirmó Rumí en Rabat, el número de personas
indocumentadas que en 2004 trató de llegar a España disminuyó un 18% en la Península y un 10% en Canarias.
Pero, ¿a costa de qué? Derechos humanos El 24 de febrero de 2004 el Gobierno del PP fletaba en Fuerteventura el primer charter de subsaharianos sin papeles con destino a Marruecos, saltándose todos los pasos previos que prevé el derecho internacional. La policía trasladó a 30 personas hasta el centro de internamiento de El Aaiun,
sin haberles siquiera interrogado sobre su identidad, origen o causas por las que huyeron de sus países. Alcanzaron el territorio europeo, fueron detenidos y automáticamente expulsados. Un hecho que dista mucho de ser aislado, y que se repite a diario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, a menudo acompañado de
malos tratos por parte de las policías de ambos lados de la frontera, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones de derechos humanos y que es de conocimiento del Defensor del Pueblo español y de la propia ACNUR.
Tras ser expulsadas y una vez en territorio marroquí, el destino que les espera a estas personas no es nada esperanzador: o bien son detenidas por la policía alauita y recluidas en centros de internamiento hasta ser expulsados del país a través de Argelia o Mauritania, o bien buscan refugio en alguno de los campamentos donde malviven cientos de personas para volver a intentarlo de nuevo.
Pero tras la aprobación, hace unos meses, de la nueva Ley de Extranjería alauita, que en palabras de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos reduce al inmigrante irregular a un estatus de delincuente y permite su expulsión en menos de 48 horas,
estos campamentos han dejado de ser seguros. Por citar dos de los casos más sonados de los últimos meses, el 16 de enero 1.200 miembros de las fuerzas del orden marroquíes desalojaron el campamento del monte Gourugou, próximo a Melilla, deteniendo a decenas de subsaharianos, y lo mismo sucedió en diferentes jornadas de febrero, marzo y mayo en el bosque de Belyounech. En la última gran redada, los inmigrantes que se encontraban en este bosque vecino a Ceuta fueron acosados por gendarmes y militares marroquíes durante cinco días, que tras destruir sus tiendas de campaña y otras pertenencias detuvieron a más de 200 personas.
De los migrantes detenidos en Marruecos, una parte son trasladados a prisiones como la de Tetuán, pero la gran mayoría (el 80% según diversas fuentes) son deportados en
condiciones infrahumas a la ciudad fronteriza de Oujda y dejados a su suerte en territorio argelino. Una vez allí, si no son interceptados por la gendarmería argelina y llevados a uno de los temibles campos de internamiento del Sur del Sahara, previa expulsión a Mali, Mauritania o Níger, y les queda alguna fuerza y ánimo, tratarán de regresar sobre sus pasos para intentar alcanzar de nuevo
El Dorado español.
Diagonal nº9
J. Cabarga
Argel
El Programa de la Haya, documento marco que fue aprobado el pasado 3 de marzo y regirá el devenir de la Unión durante los próximos años resulta claro al respecto: el Consejo Europeo pone de relieve la necesidad de cooperación intensificada y de creación de capacidad, tanto en las fronteras meridionales como en las orientales de la UE, para permitir que estos países gestionen mejor la migración y proporcionen protección adecuada a los refugiados.
Mohamed VI ha entendido todo esto a la perfección y lo utiliza hábilmente como lanzadera hacia el mercado europeo, sabiendo que mientras Marruecos se dote de mayor capacidad de contención de la inmigración y del terrorismo, Europa hará la vista gorda ante determinados asuntos de índole interno. En la histórica visita que Juan Carlos I realizó en enero al país vecino, el monarca alauita solicitó más dinero para ejercer su tarea de estado tapón y sólo una semana después, el Gobierno de Zapatero le dio cumplida respuesta, a través de los secretarios de Estado de Seguridad e Inmigración, Antonio Camacho y Consuelo Rumí, respectivamente. En rueda de prensa conjunta celebrada en Rabat, anunciaron la intención de ayudar a Marruecos a implantar a lo largo de su costa y fronteras interiores un sistema similar al SIVE español, así como a mejorar los instrumentos de coordinación entre las dos monarquías.
Camacho aseguró que España y Francia pretenden liderar un programa de la UE dotado con 40 millones de euros procedentes de los fondos MEDA, que permita a Marruecos
dotarse de medios tecnológicos para la detección de la inmigración irregular subsahariana que transita por su territorio. Los MEDA constituyen el principal instrumento de financiación de la cooperación euromediterránea y representan el activo fundamental del Proceso de Barcelona, que desde hace 10 años tiene como objetivo teórico impulsar el desarrollo político (democrático) y económico (a través de la creación de Zonas de Libre Comercio) de los países de la ribera Sur del Mediterráno y el Medio Oriente.
La colaboración entre España y Marruecos en materia de gestión de flujos migratorios no ha cesado de intensificarse en los últimos años, como muestran los actuales programas de patrullas conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería o la firma en 2002 del Acuerdo de buena vecindad que contempla la devolución a territorio marroquí de todos los migrantes llegados en patera a las costas españolas desde Marruecos. Fruto de esta relación, afirmó Rumí en Rabat, el número de personas
indocumentadas que en 2004 trató de llegar a España disminuyó un 18% en la Península y un 10% en Canarias.
Pero, ¿a costa de qué? Derechos humanos El 24 de febrero de 2004 el Gobierno del PP fletaba en Fuerteventura el primer charter de subsaharianos sin papeles con destino a Marruecos, saltándose todos los pasos previos que prevé el derecho internacional. La policía trasladó a 30 personas hasta el centro de internamiento de El Aaiun,
sin haberles siquiera interrogado sobre su identidad, origen o causas por las que huyeron de sus países. Alcanzaron el territorio europeo, fueron detenidos y automáticamente expulsados. Un hecho que dista mucho de ser aislado, y que se repite a diario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, a menudo acompañado de
malos tratos por parte de las policías de ambos lados de la frontera, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones de derechos humanos y que es de conocimiento del Defensor del Pueblo español y de la propia ACNUR.
Tras ser expulsadas y una vez en territorio marroquí, el destino que les espera a estas personas no es nada esperanzador: o bien son detenidas por la policía alauita y recluidas en centros de internamiento hasta ser expulsados del país a través de Argelia o Mauritania, o bien buscan refugio en alguno de los campamentos donde malviven cientos de personas para volver a intentarlo de nuevo.
Pero tras la aprobación, hace unos meses, de la nueva Ley de Extranjería alauita, que en palabras de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos reduce al inmigrante irregular a un estatus de delincuente y permite su expulsión en menos de 48 horas,
estos campamentos han dejado de ser seguros. Por citar dos de los casos más sonados de los últimos meses, el 16 de enero 1.200 miembros de las fuerzas del orden marroquíes desalojaron el campamento del monte Gourugou, próximo a Melilla, deteniendo a decenas de subsaharianos, y lo mismo sucedió en diferentes jornadas de febrero, marzo y mayo en el bosque de Belyounech. En la última gran redada, los inmigrantes que se encontraban en este bosque vecino a Ceuta fueron acosados por gendarmes y militares marroquíes durante cinco días, que tras destruir sus tiendas de campaña y otras pertenencias detuvieron a más de 200 personas.
De los migrantes detenidos en Marruecos, una parte son trasladados a prisiones como la de Tetuán, pero la gran mayoría (el 80% según diversas fuentes) son deportados en
condiciones infrahumas a la ciudad fronteriza de Oujda y dejados a su suerte en territorio argelino. Una vez allí, si no son interceptados por la gendarmería argelina y llevados a uno de los temibles campos de internamiento del Sur del Sahara, previa expulsión a Mali, Mauritania o Níger, y les queda alguna fuerza y ánimo, tratarán de regresar sobre sus pasos para intentar alcanzar de nuevo
El Dorado español.
Diagonal nº9
J. Cabarga
Argel
0 comentarios