Interior trasladó a 17.000 inmigrantes desde Canarias en 30 meses
Entre julio de 2002 y diciembre de 2004, el Ministerio del Interior trasladó a 16.981 inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la Península. El 72,4% de ellos (12.303) ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) situados en Madrid, Málaga y Murcia. Los sin papeles habían llegado a las islas en pateras y no habían podido ser repatriados porque sus países de origen no los reconocieron como ciudadanos.
Los traslados se hicieron en virtud de los acuerdos adoptados
por el Parlamento de las islas el 12 de diciembre de 2001 y por el Congreso de
los Diputados el 16 de abril de 2002. En ellos se establecían medidas
específicas para aliviar la presión migratoria que soportaba el archipiélago,
cuyos centros de internamiento estaban saturados, y para evitar la concentración
de extranjeros sin posibilidad de desplazarse.
Los acuerdos, firmados por el Gobierno autónomo que entonces
formaban Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y por el Ejecutivo
central, que presidía José María Aznar, fueron ratificados con motivo de los
debates sobre el Estado de la Nación del 16 de julio de 2002 y del 1 de julio de
2003.
El 3 de julio de 2002 comenzaron a realizarse los traslados de
inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que fueron puestos en libertad a las
pocas horas de su ingreso en los CIE de la Península, ya que habían cumplido el
máximo de 40 días de reclusión que establece la Ley de Extranjería sin que
hubiera podido llevarse a cabo su repatriación.
Según explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al
diputado socialista Antonio Hernando, en los últimos seis meses de 2002, el
Gobierno del PP trasladó a 2.860 inmigrantes. La mitad (1.412) fueron llevados a
Madrid. Una cuarta parte (710) fueron trasladados a Málaga y un quinto más
(548), a Algeciras. A Barcelona sólo fueron llevados 59 inmigrantes; a Murcia,
74, y a Valencia, 57.
Cambio de distribución
Durante 2003 se produjeron 6.911 traslados. El Gobierno de
Aznar cambió su distribución, sobrecargando Málaga (1.843), que casi llegó a
igualar a Madrid (2.061), y rebajando a 25 los inmigrantes llevados a Algeciras,
cuyo CIE ya estaba saturado por las pateras llegadas a las costas de Cádiz.
También crecieron los internamientos en Murcia (1.230) y Valencia (1.215) y, en
mucha menor cuantía, en Barcelona (537). Los traslados a esta última ciudad
cesaron completamente el mes de agosto de aquel año.
A lo largo de 2004, los inmigrantes trasladados desde Canarias
a la Península crecieron hasta 7.210. La mayoría fueron llevados a Madrid
(2.343) y Murcia (2.163). Les siguieron Valencia (1.748) y Málaga (956). Fuentes
oficiales explicaron el descenso de traslados a esta última ciudad por el
desplazamiento de las pateras que antes arribaban en Cádiz hacia las costas
malagueñas y de la vecina Granada, lo que obligaba a disponer de plazas vacantes
en el CIE de Málaga.
El aumento de trasladados a los CIE de Murcia y Valencia
provocó hace unos meses la protesta de los Gobiernos autónomos de ambas
comunidades, en manos del PP. Pese a los dos años y medio transcurridos desde
que se aprobó el plan de traslados, éstos no fueron respaldados por una política
integral hasta el pasado 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros
aprobó un protocolo de actuación para atender y acoger a los sin papeles
llegados desde Canarias.
ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid
Los traslados se hicieron en virtud de los acuerdos adoptados
por el Parlamento de las islas el 12 de diciembre de 2001 y por el Congreso de
los Diputados el 16 de abril de 2002. En ellos se establecían medidas
específicas para aliviar la presión migratoria que soportaba el archipiélago,
cuyos centros de internamiento estaban saturados, y para evitar la concentración
de extranjeros sin posibilidad de desplazarse.
Los acuerdos, firmados por el Gobierno autónomo que entonces
formaban Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y por el Ejecutivo
central, que presidía José María Aznar, fueron ratificados con motivo de los
debates sobre el Estado de la Nación del 16 de julio de 2002 y del 1 de julio de
2003.
El 3 de julio de 2002 comenzaron a realizarse los traslados de
inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que fueron puestos en libertad a las
pocas horas de su ingreso en los CIE de la Península, ya que habían cumplido el
máximo de 40 días de reclusión que establece la Ley de Extranjería sin que
hubiera podido llevarse a cabo su repatriación.
Según explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al
diputado socialista Antonio Hernando, en los últimos seis meses de 2002, el
Gobierno del PP trasladó a 2.860 inmigrantes. La mitad (1.412) fueron llevados a
Madrid. Una cuarta parte (710) fueron trasladados a Málaga y un quinto más
(548), a Algeciras. A Barcelona sólo fueron llevados 59 inmigrantes; a Murcia,
74, y a Valencia, 57.
Cambio de distribución
Durante 2003 se produjeron 6.911 traslados. El Gobierno de
Aznar cambió su distribución, sobrecargando Málaga (1.843), que casi llegó a
igualar a Madrid (2.061), y rebajando a 25 los inmigrantes llevados a Algeciras,
cuyo CIE ya estaba saturado por las pateras llegadas a las costas de Cádiz.
También crecieron los internamientos en Murcia (1.230) y Valencia (1.215) y, en
mucha menor cuantía, en Barcelona (537). Los traslados a esta última ciudad
cesaron completamente el mes de agosto de aquel año.
A lo largo de 2004, los inmigrantes trasladados desde Canarias
a la Península crecieron hasta 7.210. La mayoría fueron llevados a Madrid
(2.343) y Murcia (2.163). Les siguieron Valencia (1.748) y Málaga (956). Fuentes
oficiales explicaron el descenso de traslados a esta última ciudad por el
desplazamiento de las pateras que antes arribaban en Cádiz hacia las costas
malagueñas y de la vecina Granada, lo que obligaba a disponer de plazas vacantes
en el CIE de Málaga.
El aumento de trasladados a los CIE de Murcia y Valencia
provocó hace unos meses la protesta de los Gobiernos autónomos de ambas
comunidades, en manos del PP. Pese a los dos años y medio transcurridos desde
que se aprobó el plan de traslados, éstos no fueron respaldados por una política
integral hasta el pasado 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros
aprobó un protocolo de actuación para atender y acoger a los sin papeles
llegados desde Canarias.
ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid
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