Alemania, Francia y Holanda encabezan las críticas contra la regularización en España
Europa mira de reojo hacia el sur de Europa, no sólo por la llegada
continua de pateras y embarcaciones a España, Italia y Grecia, sino porque esos
países, especialmente los dos primeros, concentran los dos tercios de los nuevos
inmigrantes. La última regularización en España ha levantado ampollas en unos
países cada vez más restrictivos en sus políticas de asilo y acogida.
FRANCIA
Firmeza frente al temor del ´contagio´
La regularización masiva de sin papeles en España ha producido
escalofríos en Francia, donde la campaña del referéndum amplifica hasta el
delirio todo asunto relacionado con la ampliación de las fronteras de la UE y
sus repercusiones sociales en el país. El temor a la inmigración incontrolada es
uno de los grandes fantasmas que gravitan sobre la ratificación del tratado y
alimentan desde hace dos décadas el discurso de la extrema derecha.
El Gobierno se ha apresurado a protegerse de cualquier contagio y ha
rechazado toda medida similar sin disimular su disgusto por la iniciativa de
España. Francia, que afronta una tasa de paro del 10,2%, ya ha advertido por
boca del ministro del Interior, Dominique de Villepin, que ninguno de los nuevos
residentes admitidos por España en suelo europeo podrá buscar trabajo al norte
de los Pirineos.
La última regularización de inmigrantes ilegales producida en
Francia es de 1997-1998, tras el inesperado regreso de la izquierda al Gobierno
con Lionel Jospin y el recrudecimiento de la presión de los sin papeles durante
los primeros años de mandato de Chirac. En todo caso, sólo 90.000 extranjeros
vieron legalizada su situación sobre 130.000 demandas. Los que quedaron
excluidos forman parte de los 250.000 inmigrantes a los que el Gobierno ha
denegado asilo desde entonces y que hoy integran el ejército de sin papeles que
malviven en París y otras ciudades. El propio De Villepin ha cifrado entre
200.000 y 400.000 los inmigrantes clandestinos, sin esperanza alguna de
regularización pese a llevar diez años en el país y percibir subsidios mínimos.
Francia ha echado el cerrojo tras haber asimilado las grandes
oleadas migratorias de los 60 y 70 procedentes de su antigua colonia de Argelia
y el resto de países francófonos del Magreb. "La regla es la firmeza", ha dicho
el impetuoso De Villepin, quien se ha comprometido incluso a acelerar las
repatriaciones hasta alcanzar este año 20.000 expulsiones. El inusitado tono de
dureza responde a las conveniencias coyunturales del referéndum, pero es
coherente con la doctrina de Chirac desde su reelección, llevada a la práctica
inicialmente por su ministro del Inte-rior, Nicolas Sarkozy. En un intento por
neutralizar a la extrema derecha, el actual jefe del partido en el poder rompió
todos los tabúes del lenguaje y declaró la guerra a la inmigración clandestina.
El desmantelamiento del campo de Santgatte (Calais), donde miles de refugiados
esperaban pasar al Reino Unido, fue la primera batalla. Su oposición al ingreso
de Turquía es la última.
Francia cuenta con 4,5 millones de inmigrantes mayores de 18 años,
lo que significa casi el 10% de la población total de esa edad. Un tercio se ha
nacionalizado y forma parte de los 12 millones de personas oriundas de la
inmigración que nutren la población. El dato más sintomático es la drástica
inversión de la doctrina de asilo: hace treinta años se concedían en un 90% de
casos y en la actualidad se rechazan en un 85%. -
ALEMANIA
Críticas y elogios a la medida española
Alemania ha recibido con un sentimiento ambivalente la
regularización de sin papeles en España. Ha habido sorpresa y escepticismo por
parte de instancias oficiales, pero la medida ha pillado al país enzarzado en un
encendido debate sobre la inmigración ilegal del este de Europa.
Esta semana, Claudia Roth, presidenta de Los Verdes, el socio menor
de la coalición rojiverde, ha lanzado el mayor elogio que desde Berlín se ha
oído hacia el Gobierno español. "Lo que está haciendo España es lo que me
gustaría que tuviéramos aquí", ha dicho al Frankfurter Rundschau.Son palabras
que, oficialmente, el Gobierno de socialdemócratas y verdes no comparte. De
hecho, uno de los primeros políticos europeos en criticar el plan de Zapatero
fue el ministro del Interior, Otto Schily. Designado por algunos con el mote del
sheriff rojo, Schily advirtió de que los países que regularizasen a sus
inmigrantes debían tener en cuenta a los socios.
El debate ha coincidido con el estallido de un escándalo por el que
el ministro de Exteriores, el verde Joschka Fischer, ha tenido que comparecer
ante una comisión parlamentaria, acusado de abrir las puertas al tráfico de
seres humanos, al flexibilizar, en el 2000, la entrega de visados en países como
Ucrania. Algunas informaciones indicaron que muchos de los inmigrantes que
entraron con visados se instalaron después en España. Muchos en Alemania
cuestionan ahora de forma abierta la política de puertas abiertas, que han
defendido Los Verdes. Esto va acompañado de un replanteamiento de las políticas
de integración de la población turca, unos 2,5 millones. Alemania acaba de
estrenar una ley de inmigración destinada a regular la entrada de extranjeros en
función de las necesidades económicas. -
UNIÓN EUROPEA
Las contradicciones de la política común
La Unión Europea no tiene una política clara de inmigración. A la
diversidad de criterios e intereses de los 25 países socios se suma una patente
falta de criterios unívocos. Después de que Berlín y La Haya se hubieron
indignado con Madrid por no haber avisado de una medida que podía afectarles a
ellos y otros socios, la Comisión Europea sacó a colación un informe con
ambiguas opiniones. El estudio indica que desde finales de los años setenta se
han producido al menos 26 re-gularizaciones y que estos procesos "constituyen
una forma de incitación a la inmigración clandestina". Hace dos meses, mientras
el comisario de Interior, Franco Frattini, ponía el acento en los supuestos
peligros de iniciativas como la adoptada en España y subrayaba la necesidad de
"coordinarse" con los socios, la vicepresidenta Margot Wallström y responsable
de Empleo, Vladimir Spidla, aplaudían la medida como fórmula idónea para
combatir la clandestinidad laboral. Finalmente se llegó a un compromiso, a
finales de febrero, para que, a partir de ahora, se avisase de cualquier proceso
de regularización. En octubre se tuvo que dar marcha atrás a la idea de
establecer en el norte de África "campos de acogida" para frenar a los
inmigrantes subsaharianos. -
LA VANGUARDIA DIGITAL
BARCELONA.(Redacción.)
continua de pateras y embarcaciones a España, Italia y Grecia, sino porque esos
países, especialmente los dos primeros, concentran los dos tercios de los nuevos
inmigrantes. La última regularización en España ha levantado ampollas en unos
países cada vez más restrictivos en sus políticas de asilo y acogida.
FRANCIA
Firmeza frente al temor del ´contagio´
La regularización masiva de sin papeles en España ha producido
escalofríos en Francia, donde la campaña del referéndum amplifica hasta el
delirio todo asunto relacionado con la ampliación de las fronteras de la UE y
sus repercusiones sociales en el país. El temor a la inmigración incontrolada es
uno de los grandes fantasmas que gravitan sobre la ratificación del tratado y
alimentan desde hace dos décadas el discurso de la extrema derecha.
El Gobierno se ha apresurado a protegerse de cualquier contagio y ha
rechazado toda medida similar sin disimular su disgusto por la iniciativa de
España. Francia, que afronta una tasa de paro del 10,2%, ya ha advertido por
boca del ministro del Interior, Dominique de Villepin, que ninguno de los nuevos
residentes admitidos por España en suelo europeo podrá buscar trabajo al norte
de los Pirineos.
La última regularización de inmigrantes ilegales producida en
Francia es de 1997-1998, tras el inesperado regreso de la izquierda al Gobierno
con Lionel Jospin y el recrudecimiento de la presión de los sin papeles durante
los primeros años de mandato de Chirac. En todo caso, sólo 90.000 extranjeros
vieron legalizada su situación sobre 130.000 demandas. Los que quedaron
excluidos forman parte de los 250.000 inmigrantes a los que el Gobierno ha
denegado asilo desde entonces y que hoy integran el ejército de sin papeles que
malviven en París y otras ciudades. El propio De Villepin ha cifrado entre
200.000 y 400.000 los inmigrantes clandestinos, sin esperanza alguna de
regularización pese a llevar diez años en el país y percibir subsidios mínimos.
Francia ha echado el cerrojo tras haber asimilado las grandes
oleadas migratorias de los 60 y 70 procedentes de su antigua colonia de Argelia
y el resto de países francófonos del Magreb. "La regla es la firmeza", ha dicho
el impetuoso De Villepin, quien se ha comprometido incluso a acelerar las
repatriaciones hasta alcanzar este año 20.000 expulsiones. El inusitado tono de
dureza responde a las conveniencias coyunturales del referéndum, pero es
coherente con la doctrina de Chirac desde su reelección, llevada a la práctica
inicialmente por su ministro del Inte-rior, Nicolas Sarkozy. En un intento por
neutralizar a la extrema derecha, el actual jefe del partido en el poder rompió
todos los tabúes del lenguaje y declaró la guerra a la inmigración clandestina.
El desmantelamiento del campo de Santgatte (Calais), donde miles de refugiados
esperaban pasar al Reino Unido, fue la primera batalla. Su oposición al ingreso
de Turquía es la última.
Francia cuenta con 4,5 millones de inmigrantes mayores de 18 años,
lo que significa casi el 10% de la población total de esa edad. Un tercio se ha
nacionalizado y forma parte de los 12 millones de personas oriundas de la
inmigración que nutren la población. El dato más sintomático es la drástica
inversión de la doctrina de asilo: hace treinta años se concedían en un 90% de
casos y en la actualidad se rechazan en un 85%. -
ALEMANIA
Críticas y elogios a la medida española
Alemania ha recibido con un sentimiento ambivalente la
regularización de sin papeles en España. Ha habido sorpresa y escepticismo por
parte de instancias oficiales, pero la medida ha pillado al país enzarzado en un
encendido debate sobre la inmigración ilegal del este de Europa.
Esta semana, Claudia Roth, presidenta de Los Verdes, el socio menor
de la coalición rojiverde, ha lanzado el mayor elogio que desde Berlín se ha
oído hacia el Gobierno español. "Lo que está haciendo España es lo que me
gustaría que tuviéramos aquí", ha dicho al Frankfurter Rundschau.Son palabras
que, oficialmente, el Gobierno de socialdemócratas y verdes no comparte. De
hecho, uno de los primeros políticos europeos en criticar el plan de Zapatero
fue el ministro del Interior, Otto Schily. Designado por algunos con el mote del
sheriff rojo, Schily advirtió de que los países que regularizasen a sus
inmigrantes debían tener en cuenta a los socios.
El debate ha coincidido con el estallido de un escándalo por el que
el ministro de Exteriores, el verde Joschka Fischer, ha tenido que comparecer
ante una comisión parlamentaria, acusado de abrir las puertas al tráfico de
seres humanos, al flexibilizar, en el 2000, la entrega de visados en países como
Ucrania. Algunas informaciones indicaron que muchos de los inmigrantes que
entraron con visados se instalaron después en España. Muchos en Alemania
cuestionan ahora de forma abierta la política de puertas abiertas, que han
defendido Los Verdes. Esto va acompañado de un replanteamiento de las políticas
de integración de la población turca, unos 2,5 millones. Alemania acaba de
estrenar una ley de inmigración destinada a regular la entrada de extranjeros en
función de las necesidades económicas. -
UNIÓN EUROPEA
Las contradicciones de la política común
La Unión Europea no tiene una política clara de inmigración. A la
diversidad de criterios e intereses de los 25 países socios se suma una patente
falta de criterios unívocos. Después de que Berlín y La Haya se hubieron
indignado con Madrid por no haber avisado de una medida que podía afectarles a
ellos y otros socios, la Comisión Europea sacó a colación un informe con
ambiguas opiniones. El estudio indica que desde finales de los años setenta se
han producido al menos 26 re-gularizaciones y que estos procesos "constituyen
una forma de incitación a la inmigración clandestina". Hace dos meses, mientras
el comisario de Interior, Franco Frattini, ponía el acento en los supuestos
peligros de iniciativas como la adoptada en España y subrayaba la necesidad de
"coordinarse" con los socios, la vicepresidenta Margot Wallström y responsable
de Empleo, Vladimir Spidla, aplaudían la medida como fórmula idónea para
combatir la clandestinidad laboral. Finalmente se llegó a un compromiso, a
finales de febrero, para que, a partir de ahora, se avisase de cualquier proceso
de regularización. En octubre se tuvo que dar marcha atrás a la idea de
establecer en el norte de África "campos de acogida" para frenar a los
inmigrantes subsaharianos. -
LA VANGUARDIA DIGITAL
BARCELONA.(Redacción.)
0 comentarios