Los cinco grandes países de la UE refuerzan las fronteras frente a la inmigración ilegal
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, se desvivió
ayer por convencer a sus colegas de Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia de
que la masiva regularización de 700.000 inmigrantes en España no sólo no
repercutirá sobre el mercado laboral de los países vecinos, sino que hasta será
beneficiosa para el conjunto de la UE. "La decisión del Gobierno español no
plantea ningún problema", afirmó Alonso al término de la reunión del G-5, grupo
informal que reúne a los ministros del Interior de los cinco grandes países de
la Unión.
Convocada con carácter extraordinario en París para exhibir la
unidad de acción en materia de seguridad en plena campaña del referéndum
francés, la reunión del G-5 evidenció la disparidad de recetas para hacer frente
a la inmigración ilegal pese al discurso común en la política de refuerzo de las
fronteras exteriores de la Unión Europea y el control del espacio Schengen
frente al tráfico clandestino de emigrantes y el crimen organizado en general.
El propio anfitrión de la cumbre, Dominique de Villepin, subrayó que la cita
sirvió para mantener una "conversación muy franca" en torno al alcance y las
consecuencias de la regularización masiva consumada en España, que viene a
sumarse a los más de 600.000 inmigrantes legalizados en Italia en el 2002.
Francia y Alemania apenas han ocultado su contrariedad ante la espectacular
iniciativa del Gobierno español.
El ministro francés, que en la víspera desautorizó la vía de la
regularización colectiva al lanzar un duro plan de medidas contra la inmigración
ilegal, subrayó la responsabilidad de los estados en el control del fenómeno y
se remitió a las garantías expuestas por el propio José Antonio Alonso. El
ministro del Interior español reiteró ante los periodistas que la medida ha
permitido hacer aflorar 700.000 personas que ya se hallaban trabajando en el
país y que eso es "bueno para ellos, para los españoles y para los europeos" al
vincularlos al mercado de trabajo y evitar que acudan a otros países de la Unión
en busca de empleo. "Las recetas que son buenas para España no son
necesariamente buenas para otros, pero son coherentes con la política global
europea", dijo Alonso, quien aseguró que "España respeta la política de Francia
y Francia respeta la política de España".
La cita extraordinaria del G-5 sirvió como contrapunto para afirmar
la voluntad de los cinco países de reforzar la seguridad de las fronteras. "La
libre circulación en el seno del espacio Schengen no debe ser explotada
impunemente por las redes de la inmigración clandestina", reza la declaración
suscrita en París. Entre otros aspectos significativos, los ministros del
Interior defienden la utilización "flexible y eficaz" del restablecimiento
temporal del control de fronteras y el refuerzo de los controles aleatorios y
específicos. La declaración menciona explícitamente el proyecto de crear una
"fuerza de policía europea de intervención en las fronteras" en casos de crisis.
Según la declaración, se trataría de un contingente formado a partir de la
movilización de "medios nacionales especializados y preidentificados" en cada
país con este fin.
Además de impulsar las medidas de armonización de visados y recursos
mínimos para acceder al espacio Schengen, así como de la utilización del
registro de datos personales de pasajeros (PNR), entre otras medidas, los
ministros del G-5 proponen una cumbre con los titulares de Interior de los cinco
países del Magreb para coordinar una acción común frente a la inmigración
ilegal.
LA VANGUARDIA DIGITAL
J. R. GONZÁLEZ CABEZAS - 13/05/2005
Corresponsal PARÍS
ayer por convencer a sus colegas de Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia de
que la masiva regularización de 700.000 inmigrantes en España no sólo no
repercutirá sobre el mercado laboral de los países vecinos, sino que hasta será
beneficiosa para el conjunto de la UE. "La decisión del Gobierno español no
plantea ningún problema", afirmó Alonso al término de la reunión del G-5, grupo
informal que reúne a los ministros del Interior de los cinco grandes países de
la Unión.
Convocada con carácter extraordinario en París para exhibir la
unidad de acción en materia de seguridad en plena campaña del referéndum
francés, la reunión del G-5 evidenció la disparidad de recetas para hacer frente
a la inmigración ilegal pese al discurso común en la política de refuerzo de las
fronteras exteriores de la Unión Europea y el control del espacio Schengen
frente al tráfico clandestino de emigrantes y el crimen organizado en general.
El propio anfitrión de la cumbre, Dominique de Villepin, subrayó que la cita
sirvió para mantener una "conversación muy franca" en torno al alcance y las
consecuencias de la regularización masiva consumada en España, que viene a
sumarse a los más de 600.000 inmigrantes legalizados en Italia en el 2002.
Francia y Alemania apenas han ocultado su contrariedad ante la espectacular
iniciativa del Gobierno español.
El ministro francés, que en la víspera desautorizó la vía de la
regularización colectiva al lanzar un duro plan de medidas contra la inmigración
ilegal, subrayó la responsabilidad de los estados en el control del fenómeno y
se remitió a las garantías expuestas por el propio José Antonio Alonso. El
ministro del Interior español reiteró ante los periodistas que la medida ha
permitido hacer aflorar 700.000 personas que ya se hallaban trabajando en el
país y que eso es "bueno para ellos, para los españoles y para los europeos" al
vincularlos al mercado de trabajo y evitar que acudan a otros países de la Unión
en busca de empleo. "Las recetas que son buenas para España no son
necesariamente buenas para otros, pero son coherentes con la política global
europea", dijo Alonso, quien aseguró que "España respeta la política de Francia
y Francia respeta la política de España".
La cita extraordinaria del G-5 sirvió como contrapunto para afirmar
la voluntad de los cinco países de reforzar la seguridad de las fronteras. "La
libre circulación en el seno del espacio Schengen no debe ser explotada
impunemente por las redes de la inmigración clandestina", reza la declaración
suscrita en París. Entre otros aspectos significativos, los ministros del
Interior defienden la utilización "flexible y eficaz" del restablecimiento
temporal del control de fronteras y el refuerzo de los controles aleatorios y
específicos. La declaración menciona explícitamente el proyecto de crear una
"fuerza de policía europea de intervención en las fronteras" en casos de crisis.
Según la declaración, se trataría de un contingente formado a partir de la
movilización de "medios nacionales especializados y preidentificados" en cada
país con este fin.
Además de impulsar las medidas de armonización de visados y recursos
mínimos para acceder al espacio Schengen, así como de la utilización del
registro de datos personales de pasajeros (PNR), entre otras medidas, los
ministros del G-5 proponen una cumbre con los titulares de Interior de los cinco
países del Magreb para coordinar una acción común frente a la inmigración
ilegal.
LA VANGUARDIA DIGITAL
J. R. GONZÁLEZ CABEZAS - 13/05/2005
Corresponsal PARÍS
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