Caldera califica de éxito las 690.679 solicitudes de re gularización presentadas
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, calificó de éxito la cifra final de 690.679 peticiones de
regularización de inmigrantes porque supone hacer aflorar más del 80 por ciento
de la economía sumergida, dar derechos a esos trabajadores y "garantiza el
futuro de nuestras pensiones". Mientras, el PP alertó de las consecuencias de
las "puertas abiertas".
Caldera hizo hoy balance del proceso de regularización de
trabajadores inmigrantes que concluyó el sábado con un récord de 54.744
peticiones y aseguró que los datos demuestran que obtendrá papeles el 80 por
ciento o más de los extranjeros en edad de trabajar, a los que habrá que añadir
sus cónyuges e hijos, que también podrán regularizar su situación.
Hasta ahora, subrayó, estas personas generaban gasto público y a
partir de su regularización, a través del IRPF y de las cotizaciones a la
Seguridad Social, generarán ingresos "ayudando a mantener el Estado del
Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones", insistió.
Caldera consideró "ridículo" pensar que hay empresarios que después
de presentar la solicitud de regularización de su trabajador no van a darle de
alta en la Seguridad Social, porque sería "como denunciarse a sí mismo".
Sin embargo, reconoció que no está satisfecho con las bajas cifras
registradas en Ceuta y Melilla, donde se va a "volcar" la inspección, y avanzó
también que se estudiará lo ocurrido en algunas provincias del interior donde el
número de solicitudes es más bajo que la media en relación a los extranjeros
empadronados. Esta misma semana se presentará a los agentes sociales el programa
específico de inspecciones, 500.000 antes de fin de año.
A partir de ahora, añadió, los empresarios que contraten irregulares
serán sancionados "severamente" y se aplicará la ley de extranjería "con toda
integridad y firmeza" a los "pocos" que hayan quedado fuera del proceso: se
beneficiarán del arraigo laboral y social si cumplen los requisitos y "se
intentará repatriar en condiciones humanitarias" a quienes no los cumpla.
Según los datos del Ministerio, han podido quedar al margen del
proceso entre 63.108 y un máximo de 179.076 personas en edad de trabajar.
El arraigo social comenzará a aplicarse a partir del agosto y
Caldera avanzó que la comisión laboral tripartita se va a reunir de inmediato
para fijar los criterios del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en
cada provincia, que determinará las ofertas de trabajo que podrán dirigirse al
extranjero.
En opinión del ministro, se ha llevado a cabo "un proceso único en
la historia de los países industrializados" que "refuerza el componente ético de
los españoles" y demuestra que la sociedad española es "generosa, solidaria y
envidiada", por lo que el éxito es suyo.
Según los datos aportados por Caldera, el 88 por ciento de las
peticiones ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y
casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado. Más del 60 por ciento
de las solicitudes de regularización se han presentado en Madrid (170.784),
Catalunya (138.537) y la Comunidad Valenciana (106.711).
Ecuatorianos (139.714 solicitudes), rumanos (118.298) y marroquíes
(85.969) suman cerca del 50 por ciento de los expedientes, seguidos de
colombianos, bolivianos y búlgaros.
Por sectores de actividad, el servicio doméstico agrupa el 31,67 por
ciento del total -217.627 peticiones de las que el 83,4 por ciento corresponde a
mujeres- y le sigue la construcción, con 142.654 solicitudes y cerca del 95 por
ciento de hombres. Ganadería y agricultura agrupan 100.408 peticiones; la
hostelería, 71.202; el comercio al por menor, 32.778; y la fabricación de
textiles, 17.700.
Del conjunto de peticiones, el 58,76 por ciento corresponde a
hombres y el 41,24 a mujeres, aunque esta distribución presenta grandes
variaciones por nacionalidades, ya que, por ejemplo, entre los marroquíes sólo
hay un 15 por ciento de mujeres.
Se han resuelto ya todos los expedientes presentados hasta el 14 de
marzo, el 31 por ciento del total, y el 90 por ciento con resultado positivo,
añadió Caldera tras confiar en cerrar el proceso en dos meses y medio.
Según apuntó, se han registrado 548 denuncias individuales de
trabajadores y 747 denuncias de sindicatos y ONG; se han abierto 770 expedientes
en comprobación, se han emitido 525 informes, se han efectuado 700
requerimientos y se han abierto sólo 24 actas de infracción, datos que
demuestran que el proceso ha sido "extraordinariamente limpio".
En opinión del titular de Trabajo, la ausencia de incidentes y la
cifra final demuestra que el plazo fijado de tres meses era "perfectamente
suficiente" y que había en España cuando el PSOE llegó al Gobierno cientos de
miles de personas que trabajaban ilegalmente.
Caldera aseguró también el apoyo al proceso del Observatorio Europeo
contra el Racismo y la Xenofobia y del comisario europeo de empleo y se mostró
convencido de que el instrumento puesto en marcha en España "es el futuro" y "es
lo que va a hacer Europa" a partir de ahora.
Insistió en este contexto en la característica que hace de este
proceso un proceso único en la historia de España, la exigencia de un contrato
de trabajo, con lo que "en vez de dar papeles, como hacía el señor Rajoy, lo que
hemos hecho ha sido dar dignidad, contratos y altas en la Seguridad Social".
Caldera se mostró convencido de que el 80 por ciento de los extranjeros
regularizados por los Gobiernos del PP siguieron trabajando en la economía
sumergida.
Críticas del PP
Frente a su satisfacción, el secretario general del PP, Angel
Acebes, calificó el proceso de "caótico" y consideró que el ministro ha
conseguido "plenamente" sus objetivos si éstos eran "de irregularización masiva"
y "puertas abiertas". Recordó que a los extranjeros residentes en España habrá
que añadir los que pueden venir gracias a la reagrupación familiar y advirtió
que habrá que ver las consecuencias cuando demanden servicios sanitarios o
vivienda, al tiempo que pidió medidas para evitar "bolsas de marginalidad" que
pueden generar xenofobia y enfrentamientos.
CC.OO anunció por su parte que promoverá la actuación de la Fiscalía
para perseguir a los empresarios que contraten de modo irregular a inmigrantes y
se aplique el Código Penal al considerar que no sólo se les debe sancionar desde
el punto de vista laboral, sino también por "la explotación de seres humanos".
El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, consideró
"ambicioso y positivo" el proceso al permitir aflorar "una parte importante" de
la economía sumergida, y la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha,
coincidió con ese análisis al calificarlo de "muy satisfactorio" no sólo por la
cifra de solicitudes, sino por implicar la regularización laboral.
Desde IU-ICV, Joan Herrera valoró el proceso, pero como varias ONG
de inmigrantes pidió al Gobierno una solución para los trabajadores inmigrantes
a los que sus empleadores "no les han ofrecido un contrato de trabajo o les han
despedido" aunque cumplían con los demás requisitos. Su grupo parlamentario
presentó hoy en el Congreso una proposición no de ley con ese objetivo y para
"multiplicar e intensificar" la Inspección de Trabajo.
Por parte de CiU, Carles Campuzano consideró que el proceso ha sido
la "expresión del fracaso del Gobierno del PP» y ha actuado de manera
"contundente" contra la economía sumergida, aunque criticó la "improvisación" y
la "insuficiente" vigilancia de las fronteras españolas que podría aumentar el
número de inmigrantes irregulares.
La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui pidió ayer un estatus
temporal para la búsqueda de empleo para los inmigrantes despedidos en el
transcurso del proceso y hoy la asociación de trabajadores marroquíes ATIME
solicitó una alternativa "más allá" de las repatriaciones para quienes han
quedado al margen.
El presidente de ATIME, Mustafá Mrabet, consideró que el principal
problema han sido las ofertas de trabajo por parte de los empresarios y reclamó
que se deje de utilizar con intereses partidistas.
LA VANGUARDIA DIGITAL
Madrid. (EFE).-
Caldera, calificó de éxito la cifra final de 690.679 peticiones de
regularización de inmigrantes porque supone hacer aflorar más del 80 por ciento
de la economía sumergida, dar derechos a esos trabajadores y "garantiza el
futuro de nuestras pensiones". Mientras, el PP alertó de las consecuencias de
las "puertas abiertas".
Caldera hizo hoy balance del proceso de regularización de
trabajadores inmigrantes que concluyó el sábado con un récord de 54.744
peticiones y aseguró que los datos demuestran que obtendrá papeles el 80 por
ciento o más de los extranjeros en edad de trabajar, a los que habrá que añadir
sus cónyuges e hijos, que también podrán regularizar su situación.
Hasta ahora, subrayó, estas personas generaban gasto público y a
partir de su regularización, a través del IRPF y de las cotizaciones a la
Seguridad Social, generarán ingresos "ayudando a mantener el Estado del
Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones", insistió.
Caldera consideró "ridículo" pensar que hay empresarios que después
de presentar la solicitud de regularización de su trabajador no van a darle de
alta en la Seguridad Social, porque sería "como denunciarse a sí mismo".
Sin embargo, reconoció que no está satisfecho con las bajas cifras
registradas en Ceuta y Melilla, donde se va a "volcar" la inspección, y avanzó
también que se estudiará lo ocurrido en algunas provincias del interior donde el
número de solicitudes es más bajo que la media en relación a los extranjeros
empadronados. Esta misma semana se presentará a los agentes sociales el programa
específico de inspecciones, 500.000 antes de fin de año.
A partir de ahora, añadió, los empresarios que contraten irregulares
serán sancionados "severamente" y se aplicará la ley de extranjería "con toda
integridad y firmeza" a los "pocos" que hayan quedado fuera del proceso: se
beneficiarán del arraigo laboral y social si cumplen los requisitos y "se
intentará repatriar en condiciones humanitarias" a quienes no los cumpla.
Según los datos del Ministerio, han podido quedar al margen del
proceso entre 63.108 y un máximo de 179.076 personas en edad de trabajar.
El arraigo social comenzará a aplicarse a partir del agosto y
Caldera avanzó que la comisión laboral tripartita se va a reunir de inmediato
para fijar los criterios del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en
cada provincia, que determinará las ofertas de trabajo que podrán dirigirse al
extranjero.
En opinión del ministro, se ha llevado a cabo "un proceso único en
la historia de los países industrializados" que "refuerza el componente ético de
los españoles" y demuestra que la sociedad española es "generosa, solidaria y
envidiada", por lo que el éxito es suyo.
Según los datos aportados por Caldera, el 88 por ciento de las
peticiones ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y
casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado. Más del 60 por ciento
de las solicitudes de regularización se han presentado en Madrid (170.784),
Catalunya (138.537) y la Comunidad Valenciana (106.711).
Ecuatorianos (139.714 solicitudes), rumanos (118.298) y marroquíes
(85.969) suman cerca del 50 por ciento de los expedientes, seguidos de
colombianos, bolivianos y búlgaros.
Por sectores de actividad, el servicio doméstico agrupa el 31,67 por
ciento del total -217.627 peticiones de las que el 83,4 por ciento corresponde a
mujeres- y le sigue la construcción, con 142.654 solicitudes y cerca del 95 por
ciento de hombres. Ganadería y agricultura agrupan 100.408 peticiones; la
hostelería, 71.202; el comercio al por menor, 32.778; y la fabricación de
textiles, 17.700.
Del conjunto de peticiones, el 58,76 por ciento corresponde a
hombres y el 41,24 a mujeres, aunque esta distribución presenta grandes
variaciones por nacionalidades, ya que, por ejemplo, entre los marroquíes sólo
hay un 15 por ciento de mujeres.
Se han resuelto ya todos los expedientes presentados hasta el 14 de
marzo, el 31 por ciento del total, y el 90 por ciento con resultado positivo,
añadió Caldera tras confiar en cerrar el proceso en dos meses y medio.
Según apuntó, se han registrado 548 denuncias individuales de
trabajadores y 747 denuncias de sindicatos y ONG; se han abierto 770 expedientes
en comprobación, se han emitido 525 informes, se han efectuado 700
requerimientos y se han abierto sólo 24 actas de infracción, datos que
demuestran que el proceso ha sido "extraordinariamente limpio".
En opinión del titular de Trabajo, la ausencia de incidentes y la
cifra final demuestra que el plazo fijado de tres meses era "perfectamente
suficiente" y que había en España cuando el PSOE llegó al Gobierno cientos de
miles de personas que trabajaban ilegalmente.
Caldera aseguró también el apoyo al proceso del Observatorio Europeo
contra el Racismo y la Xenofobia y del comisario europeo de empleo y se mostró
convencido de que el instrumento puesto en marcha en España "es el futuro" y "es
lo que va a hacer Europa" a partir de ahora.
Insistió en este contexto en la característica que hace de este
proceso un proceso único en la historia de España, la exigencia de un contrato
de trabajo, con lo que "en vez de dar papeles, como hacía el señor Rajoy, lo que
hemos hecho ha sido dar dignidad, contratos y altas en la Seguridad Social".
Caldera se mostró convencido de que el 80 por ciento de los extranjeros
regularizados por los Gobiernos del PP siguieron trabajando en la economía
sumergida.
Críticas del PP
Frente a su satisfacción, el secretario general del PP, Angel
Acebes, calificó el proceso de "caótico" y consideró que el ministro ha
conseguido "plenamente" sus objetivos si éstos eran "de irregularización masiva"
y "puertas abiertas". Recordó que a los extranjeros residentes en España habrá
que añadir los que pueden venir gracias a la reagrupación familiar y advirtió
que habrá que ver las consecuencias cuando demanden servicios sanitarios o
vivienda, al tiempo que pidió medidas para evitar "bolsas de marginalidad" que
pueden generar xenofobia y enfrentamientos.
CC.OO anunció por su parte que promoverá la actuación de la Fiscalía
para perseguir a los empresarios que contraten de modo irregular a inmigrantes y
se aplique el Código Penal al considerar que no sólo se les debe sancionar desde
el punto de vista laboral, sino también por "la explotación de seres humanos".
El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, consideró
"ambicioso y positivo" el proceso al permitir aflorar "una parte importante" de
la economía sumergida, y la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha,
coincidió con ese análisis al calificarlo de "muy satisfactorio" no sólo por la
cifra de solicitudes, sino por implicar la regularización laboral.
Desde IU-ICV, Joan Herrera valoró el proceso, pero como varias ONG
de inmigrantes pidió al Gobierno una solución para los trabajadores inmigrantes
a los que sus empleadores "no les han ofrecido un contrato de trabajo o les han
despedido" aunque cumplían con los demás requisitos. Su grupo parlamentario
presentó hoy en el Congreso una proposición no de ley con ese objetivo y para
"multiplicar e intensificar" la Inspección de Trabajo.
Por parte de CiU, Carles Campuzano consideró que el proceso ha sido
la "expresión del fracaso del Gobierno del PP» y ha actuado de manera
"contundente" contra la economía sumergida, aunque criticó la "improvisación" y
la "insuficiente" vigilancia de las fronteras españolas que podría aumentar el
número de inmigrantes irregulares.
La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui pidió ayer un estatus
temporal para la búsqueda de empleo para los inmigrantes despedidos en el
transcurso del proceso y hoy la asociación de trabajadores marroquíes ATIME
solicitó una alternativa "más allá" de las repatriaciones para quienes han
quedado al margen.
El presidente de ATIME, Mustafá Mrabet, consideró que el principal
problema han sido las ofertas de trabajo por parte de los empresarios y reclamó
que se deje de utilizar con intereses partidistas.
LA VANGUARDIA DIGITAL
Madrid. (EFE).-
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