Miles de sin papeles entregan su solicitud el último día
Miles de 'sin papeles' aguardaron en las colas, incluso
durmiendo varios días en la espera, para entregar su solicitud dentro del plazo
fijado por el Gobierno: las 21,00 horas del 7 de mayo. Más de 600.000
trabajadores inmigrantes han solicitado la regularización en el proceso
extraordinario de normalización abierto durante tres meses por el Gobierno, que
concluyó pese al reclamo de asociaciones, partidos políticos e Iglesia de
prolongarlo.
De esta manera, más de medio millón de extranjeros con un
contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio
de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acredite su entrada
a España antes del 7 de agosto de 2004 incluido, están ya pendientes de la
aprobación de su permiso de residencia y de trabajo en España por un año
renovable, según datos oficiales provisionales. Sin embargo, esta cifra de
solicitantes de papeles -que lideran ecuatorianos, rumanos, marroquíes y
colombianos- que comenzarán a hacer aportes a la seguridad social, es inferior a
la cantidad de sin papeles que viven en este país, donde según datos comparativos
oficiales viven 1,7 millones de extranjeros en situación irregular.
Estos trabajadores que dejarán de trabajar en negro, aportarán
un mínimo de 118 millones de euros mensuales a la seguridad social, según
cálculos que publicó esta semana el diario El País.
El proceso de "normalización" de inmigrantes irregulares
abierto por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero del 7 de
febrero al 7 de mayo, fue fruto de un acuerdo con empresarios, sindicatos,
asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el PP, que criticó sin
cesar esta medida.
EL NÚMERO DE INMIGRANTES SE HA CUADRUPLICADO DESDE 1996
El PP, en el poder entre 1996 y 2004, periodo durante el cual
la cantidad de inmigrantes se cuadruplicó hasta 2,6 millones de personas,
insistió en que el proceso de regularización provocaría un "efecto llamada".
Los ecuatorianos lideran la lista de solicitantes de papeles
con 123.313 personas, según datos provisorios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. De América Latina les siguen colombianos (48.745), bolivianos (33.121),
argentinos (18.046), uruguayos (8.300) y brasileños (5.395).
Rumanos, marroquíes, búlgaros, ucranianos, paquistaníes, chinos
y senegaleses totalizan 199.401 solicitudes.
El 93,85% de los expedientes fueron admitidos.
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades
autónomas que mayor cantidad de solicitudes recibieron en este proceso
excepcional, el séptimo desde 1991 en España.
Dos semanas antes del cierre del proceso, se registró un
aluvión de solicitudes. Ante el incremento de más del 1.000%, la coalición
Izquierda Unida advirtió que el actual plazo "no va a ser suficiente para que el
proceso culmine adecuadamente", mientras el PNV consideró que si el gobierno
flexibilizó el requisito del certificado de empadronamiento, los empresarios
deberían, entonces, disponer de un mayor plazo para regularizar a sus
trabajadores.
"Es imposible cambiar la fecha" de cierre del proceso, afirmó
la secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, escudándose en que debería
reformarse "un Real Decreto".
AHORA COMIENZAN LAS INSPECCIONES
Una vez concluido el proceso, comenzará a funcionar con rigor
la inspección laboral para que no haya trabajadores en negro, reiteró Rumí, pues
uno de los objetivos de este proceso fue justamente, según el gobierno, "acabar
con el empleo ilegal".
No obstante, varias entidades llamaron la atención sobre la
cantidad de despidos que se produjeron en estos meses por parte de empresarios
que prefieren tener inmigrantes ilegales.
En España viven 3,69 millones de extranjeros -entre legales e
ilegales-, es decir el 8,4% de la población total (43,97 millones), según datos
provisionales oficiales al primero de enero de 2005.
Madridpress.com
durmiendo varios días en la espera, para entregar su solicitud dentro del plazo
fijado por el Gobierno: las 21,00 horas del 7 de mayo. Más de 600.000
trabajadores inmigrantes han solicitado la regularización en el proceso
extraordinario de normalización abierto durante tres meses por el Gobierno, que
concluyó pese al reclamo de asociaciones, partidos políticos e Iglesia de
prolongarlo.
De esta manera, más de medio millón de extranjeros con un
contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio
de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acredite su entrada
a España antes del 7 de agosto de 2004 incluido, están ya pendientes de la
aprobación de su permiso de residencia y de trabajo en España por un año
renovable, según datos oficiales provisionales. Sin embargo, esta cifra de
solicitantes de papeles -que lideran ecuatorianos, rumanos, marroquíes y
colombianos- que comenzarán a hacer aportes a la seguridad social, es inferior a
la cantidad de sin papeles que viven en este país, donde según datos comparativos
oficiales viven 1,7 millones de extranjeros en situación irregular.
Estos trabajadores que dejarán de trabajar en negro, aportarán
un mínimo de 118 millones de euros mensuales a la seguridad social, según
cálculos que publicó esta semana el diario El País.
El proceso de "normalización" de inmigrantes irregulares
abierto por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero del 7 de
febrero al 7 de mayo, fue fruto de un acuerdo con empresarios, sindicatos,
asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el PP, que criticó sin
cesar esta medida.
EL NÚMERO DE INMIGRANTES SE HA CUADRUPLICADO DESDE 1996
El PP, en el poder entre 1996 y 2004, periodo durante el cual
la cantidad de inmigrantes se cuadruplicó hasta 2,6 millones de personas,
insistió en que el proceso de regularización provocaría un "efecto llamada".
Los ecuatorianos lideran la lista de solicitantes de papeles
con 123.313 personas, según datos provisorios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. De América Latina les siguen colombianos (48.745), bolivianos (33.121),
argentinos (18.046), uruguayos (8.300) y brasileños (5.395).
Rumanos, marroquíes, búlgaros, ucranianos, paquistaníes, chinos
y senegaleses totalizan 199.401 solicitudes.
El 93,85% de los expedientes fueron admitidos.
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades
autónomas que mayor cantidad de solicitudes recibieron en este proceso
excepcional, el séptimo desde 1991 en España.
Dos semanas antes del cierre del proceso, se registró un
aluvión de solicitudes. Ante el incremento de más del 1.000%, la coalición
Izquierda Unida advirtió que el actual plazo "no va a ser suficiente para que el
proceso culmine adecuadamente", mientras el PNV consideró que si el gobierno
flexibilizó el requisito del certificado de empadronamiento, los empresarios
deberían, entonces, disponer de un mayor plazo para regularizar a sus
trabajadores.
"Es imposible cambiar la fecha" de cierre del proceso, afirmó
la secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, escudándose en que debería
reformarse "un Real Decreto".
AHORA COMIENZAN LAS INSPECCIONES
Una vez concluido el proceso, comenzará a funcionar con rigor
la inspección laboral para que no haya trabajadores en negro, reiteró Rumí, pues
uno de los objetivos de este proceso fue justamente, según el gobierno, "acabar
con el empleo ilegal".
No obstante, varias entidades llamaron la atención sobre la
cantidad de despidos que se produjeron en estos meses por parte de empresarios
que prefieren tener inmigrantes ilegales.
En España viven 3,69 millones de extranjeros -entre legales e
ilegales-, es decir el 8,4% de la población total (43,97 millones), según datos
provisionales oficiales al primero de enero de 2005.
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