Los municipios decidirán cómo piden a los inmigrantes que acrediten su residencia
Faltan sólo 25 días para que concluya el proceso de regularización de
inmigrantes, pero la polémica y la confusión siguen en aumento. Ayer el Consejo
de Empadronamiento del INE pasó la pelota a los ayuntamientos al señalar que
serán éstos los que podrán decidir qué tipo de documentos son válidos para
acreditar la residencia en un municipio y lograr de ese modo su inscripción en el
padrón con carácter retroactivo. Pero unas horas después el presidente de la
comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Bartolomé González, afirmó que pedirá hoy mismo a la presidenta del
Consejo de Empadronamiento, Carmen Alcaide, que especifique cuáles son los
"documentos públicos fehacientes" que pueden acreditar la residencia en España de
un extranjero y qué fecha debe constar en un "empadronamiento por omisión".
La asociación de inmigrantes Aesco tildó de "caótico y poco serio"
que cada ayuntamiento decida qué documentos son válidos para probar la estancia
en España. La presidenta de la Asociación América España, Solidaridad y
Cooperación, Yolanda Villavicencio, añadió que resultará muy complicado
argumentar "en base a qué criterios no se admite la presentación de una cuenta
bancaria en una entidad financiera pública o un seguro médico privado". Otras
entidades y el propio portavoz de Izquierda-Verde en el Congreso de los
Diputados, Joan Herrera, defendieron la ampliación del plazo para la
regularización. El portavoz parlamentario de CiU, Carles Campuzano, calificó de
"disparate" la decisión. "Va a producir -señaló a Europa Press- un caos en las
próximas semanas, con situaciones absurdas que darán lugar a que en unos
ayuntamientos los requisitos sean rigurosos y laxos en otros".
El Consejo de Empadronamiento remitió ayer a los ayuntamientos una
circular en donde se les deja libertad para determinar qué documentos consideran
"fehacientes". De esta forma, Carmen Alcaide, la presidenta del Consejo
-organismo dependiente del INE- respondía a la petición que el día antes le hizo
la Mesa del Diálogo Social compuesta el Gobierno, los sindicatos y los
empresarios en el sentido de considerar también el "empadronamiento por omisión".
No obstante, añadía que "el Consejo de Empadronamiento se reunirá el próximo día
21 de abril para tratar, entre otros temas, el análisis más detallado de las
circunstancias que concurran a la presentación de los documentos. Por ejemplo, se
considerarán docunes mentos fehacientes: solicitudes de empadronamiento no
atendidas con anterioridad, cartillas de sanidad, solicitudes de plaza en
colegios públicos, tramitaciones en el Ministerio del Interior, otras
tramitaciones en organismos oficiales...".
La concejal del área de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella,
indicó que había recibido la nueva instrucción a las tres de la tarde de ayer y
que a pesar de que uno de cada cinco inmigrantes reside en Madrid, este
Ayuntamiento no ha sido ni siquiera consultado. Pese a ello, señaló que su
ayuntamiento estudiará jurídicamente qué documentos pueden ser susceptibles de
considerarse fehacientes.
Desde París, donde se encontraba de viaje, el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, declaró a Efe que "los ayuntamientos serán muy
diligentes en la expedición de los nuevos certificados de residencia". Caldera
negó que este cambio sea "un invento de este ministro o una decisión del
Gobierno", sino "un acuerdo del Ejecutivo con empresarios y sindicatos". El
ministro también negó que se vaya a ampliar el plazo de regularización.
LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 13/04/2005
BARCELONA
inmigrantes, pero la polémica y la confusión siguen en aumento. Ayer el Consejo
de Empadronamiento del INE pasó la pelota a los ayuntamientos al señalar que
serán éstos los que podrán decidir qué tipo de documentos son válidos para
acreditar la residencia en un municipio y lograr de ese modo su inscripción en el
padrón con carácter retroactivo. Pero unas horas después el presidente de la
comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Bartolomé González, afirmó que pedirá hoy mismo a la presidenta del
Consejo de Empadronamiento, Carmen Alcaide, que especifique cuáles son los
"documentos públicos fehacientes" que pueden acreditar la residencia en España de
un extranjero y qué fecha debe constar en un "empadronamiento por omisión".
La asociación de inmigrantes Aesco tildó de "caótico y poco serio"
que cada ayuntamiento decida qué documentos son válidos para probar la estancia
en España. La presidenta de la Asociación América España, Solidaridad y
Cooperación, Yolanda Villavicencio, añadió que resultará muy complicado
argumentar "en base a qué criterios no se admite la presentación de una cuenta
bancaria en una entidad financiera pública o un seguro médico privado". Otras
entidades y el propio portavoz de Izquierda-Verde en el Congreso de los
Diputados, Joan Herrera, defendieron la ampliación del plazo para la
regularización. El portavoz parlamentario de CiU, Carles Campuzano, calificó de
"disparate" la decisión. "Va a producir -señaló a Europa Press- un caos en las
próximas semanas, con situaciones absurdas que darán lugar a que en unos
ayuntamientos los requisitos sean rigurosos y laxos en otros".
El Consejo de Empadronamiento remitió ayer a los ayuntamientos una
circular en donde se les deja libertad para determinar qué documentos consideran
"fehacientes". De esta forma, Carmen Alcaide, la presidenta del Consejo
-organismo dependiente del INE- respondía a la petición que el día antes le hizo
la Mesa del Diálogo Social compuesta el Gobierno, los sindicatos y los
empresarios en el sentido de considerar también el "empadronamiento por omisión".
No obstante, añadía que "el Consejo de Empadronamiento se reunirá el próximo día
21 de abril para tratar, entre otros temas, el análisis más detallado de las
circunstancias que concurran a la presentación de los documentos. Por ejemplo, se
considerarán docunes mentos fehacientes: solicitudes de empadronamiento no
atendidas con anterioridad, cartillas de sanidad, solicitudes de plaza en
colegios públicos, tramitaciones en el Ministerio del Interior, otras
tramitaciones en organismos oficiales...".
La concejal del área de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella,
indicó que había recibido la nueva instrucción a las tres de la tarde de ayer y
que a pesar de que uno de cada cinco inmigrantes reside en Madrid, este
Ayuntamiento no ha sido ni siquiera consultado. Pese a ello, señaló que su
ayuntamiento estudiará jurídicamente qué documentos pueden ser susceptibles de
considerarse fehacientes.
Desde París, donde se encontraba de viaje, el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, declaró a Efe que "los ayuntamientos serán muy
diligentes en la expedición de los nuevos certificados de residencia". Caldera
negó que este cambio sea "un invento de este ministro o una decisión del
Gobierno", sino "un acuerdo del Ejecutivo con empresarios y sindicatos". El
ministro también negó que se vaya a ampliar el plazo de regularización.
LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 13/04/2005
BARCELONA
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