El Defensor del Pueblo pide atención preferente a la escolarización de los inmigrantes
El Defensor del Pueblo demanda, en su informe 2004, una
"atención preferente" a todos aquellos factores que favorezcan la "más adecuada"
escolarización de los inmigrantes, tanto en la futura Ley Orgánica de Educación
(LOE), como en sus desarrollos reglamentarios y en la gestión del nuevo sistema
educativo.
Así, la institución que dirige Enrique Múgica señala la
importancia de una escolarización de estos alumnos ajustada a las necesidades
derivadas de su procedencia de culturas y lenguas diferentes, así como sistemas
de entrada en centros escolares distintos, "dentro del proceso de integración
social y económica" de estos estudiantes y sus familias.
En este sentido, advierte, en su texto remitido esta semana al
Parlamento, de que "no en todas las ocasiones" las administraciones satisfacen
"correctamente" las demandas de plazas escolares en el momento y lugar en el que
se producen. Además, alerta de los efectos "muy negativos" de una concentración
de inmigrantes en escuelas a partir del 30 por ciento, llegando incluso a
situaciones contrarias a los objetivos de integración y "radicalmente
inadecuadas".
EQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN
En caso de afectar a los derechos básicos de los alumnos
escolarizados, el Defensor del Pueblo cree obligación de la administración
educativa competente restablecer "de forma inmediata" las condiciones necesarias
para salvaguardar la integridad de esos derechos (adecuada y eficaz transmisión
de conocimientos y formación de los alumnos dentro del ámbito escolar) y la
equilibrada distribución de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.
A su juicio, estos objetivos priman por encima del derecho a la
elección de centro educativo, cuando el mantenimiento de las situaciones de
escolarización alcanzado afecte a la integridad del derecho a la formación de los
estudiantes y sólo pueda solucionarse a través de decisiones que impliquen la
adjudicación de plaza a los niños en otros centros de la zona distintos de los
que están escolarizados que presenten índices más bajos de inmigrantes y con
necesidades compensatorias.
Por ello, defiende el impulso de iniciativas normativas y
organizativas para alcanzar a corto plazo la distribución equilibrada del
alumnado con necesidades educativas especiales, incluido el inmigrante, incluso
"a través de prescripciones limitativas del derecho de libre elección de centro".
Entre otras medidas, reclama medios, personal, materiales específicos para
favorecer la mejor atención a estos estudiantes.
APTITUD DEL ALUMNADO PARA LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, esta institución reclama que la prueba de
acceso a la Universidad que diseñe el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
tenga en cuenta la "aptitud específica" del alumno para su admisión en cada una
de las enseñanzas, para lo que se deberá establecer un sistema de valoración que
pondere los distintos bloques de materias en función de si están o no
relacionadas con los estudios elegidos.
También solicita la revisión de la prioridad absoluta a los
estudiantes que superen la prueba en la convocatoria ordinaria y asegurar que
todos los criterios de prioridad, reserva de plazas y ordenación de solicitudes
estén presididos por los principios de capacidad, mérito y no discriminación en
el acceso a los estudios superiores.
De todas formas, entiende que la definición de este examen que
realice el Gobierno debe permitir su homologación con las exigencias de los
países del entorno, de forma que se facilite y propicie el acceso directo a
cualquier Universidad europea, incentivando la movilidad de los estudiantes
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
"Se trata, en definitiva, de garantizar para los estudiantes de
nuestro país el derecho a acceder a la educación superior que libremente elijan,
suprimiendo cualquier obstáculo extraacadémico o discriminatorio que lo
dificulte", explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Madridpress.com
"atención preferente" a todos aquellos factores que favorezcan la "más adecuada"
escolarización de los inmigrantes, tanto en la futura Ley Orgánica de Educación
(LOE), como en sus desarrollos reglamentarios y en la gestión del nuevo sistema
educativo.
Así, la institución que dirige Enrique Múgica señala la
importancia de una escolarización de estos alumnos ajustada a las necesidades
derivadas de su procedencia de culturas y lenguas diferentes, así como sistemas
de entrada en centros escolares distintos, "dentro del proceso de integración
social y económica" de estos estudiantes y sus familias.
En este sentido, advierte, en su texto remitido esta semana al
Parlamento, de que "no en todas las ocasiones" las administraciones satisfacen
"correctamente" las demandas de plazas escolares en el momento y lugar en el que
se producen. Además, alerta de los efectos "muy negativos" de una concentración
de inmigrantes en escuelas a partir del 30 por ciento, llegando incluso a
situaciones contrarias a los objetivos de integración y "radicalmente
inadecuadas".
EQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN
En caso de afectar a los derechos básicos de los alumnos
escolarizados, el Defensor del Pueblo cree obligación de la administración
educativa competente restablecer "de forma inmediata" las condiciones necesarias
para salvaguardar la integridad de esos derechos (adecuada y eficaz transmisión
de conocimientos y formación de los alumnos dentro del ámbito escolar) y la
equilibrada distribución de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.
A su juicio, estos objetivos priman por encima del derecho a la
elección de centro educativo, cuando el mantenimiento de las situaciones de
escolarización alcanzado afecte a la integridad del derecho a la formación de los
estudiantes y sólo pueda solucionarse a través de decisiones que impliquen la
adjudicación de plaza a los niños en otros centros de la zona distintos de los
que están escolarizados que presenten índices más bajos de inmigrantes y con
necesidades compensatorias.
Por ello, defiende el impulso de iniciativas normativas y
organizativas para alcanzar a corto plazo la distribución equilibrada del
alumnado con necesidades educativas especiales, incluido el inmigrante, incluso
"a través de prescripciones limitativas del derecho de libre elección de centro".
Entre otras medidas, reclama medios, personal, materiales específicos para
favorecer la mejor atención a estos estudiantes.
APTITUD DEL ALUMNADO PARA LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, esta institución reclama que la prueba de
acceso a la Universidad que diseñe el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
tenga en cuenta la "aptitud específica" del alumno para su admisión en cada una
de las enseñanzas, para lo que se deberá establecer un sistema de valoración que
pondere los distintos bloques de materias en función de si están o no
relacionadas con los estudios elegidos.
También solicita la revisión de la prioridad absoluta a los
estudiantes que superen la prueba en la convocatoria ordinaria y asegurar que
todos los criterios de prioridad, reserva de plazas y ordenación de solicitudes
estén presididos por los principios de capacidad, mérito y no discriminación en
el acceso a los estudios superiores.
De todas formas, entiende que la definición de este examen que
realice el Gobierno debe permitir su homologación con las exigencias de los
países del entorno, de forma que se facilite y propicie el acceso directo a
cualquier Universidad europea, incentivando la movilidad de los estudiantes
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
"Se trata, en definitiva, de garantizar para los estudiantes de
nuestro país el derecho a acceder a la educación superior que libremente elijan,
suprimiendo cualquier obstáculo extraacadémico o discriminatorio que lo
dificulte", explica el Defensor del Pueblo en su informe.
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