El Gobierno amenaza a los inmigrantes encerrados en Barcelona con la expulsión
La tensión entre los inmigrantes encerrados en diversos locales de
Barcelona y el Gobierno parece ir en aumento. Ayer, el delegado del Gobierno
central en Catalunya, Joan Rangel, advirtió a los cerca de 400 inmigrantes
encerrados que depongan su actitud porque "lo único que obtendrán -aseguró- es
una orden de expulsión".
Rangel acusó a los promotores de estos encierros de llevar a los sin
papeles "a un callejón sin salida", y les instó a "abandonar las medidas de
presión" como factor imprescindible para iniciar un diálogo con la
Administración. "Esta gente no viene a hablar, sino a amenazar, es como aquél
que quiere hablar con una pistola sobre la mesa", denunció.
Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea por la Regularización sin
Condiciones, no oyó las declaraciones, pero cuando le fueron comunicadas en la
UPC, a donde se trasladaron los inmigrantes del Pi, dijo que "la pistola la pone
él (por Rangel)". Además, Mosquera relató que "no es la primera vez que el
Gobierno nos amenaza y nosotros nos estamos manifestando de la forma más
pacífica que conozco".
En sus declaración, Rangel quiso dejar claro que, aunque se inicie
un diálogo en la misma línea que las conversaciones que se llevan a cabo con las
entidades de inmigrantes que representan a un 90% del colectivo, en ningún caso
se modificarán los requisitos para acogerse al proceso de regularización.
Los sin papeles encerrados reclaman que no sea imprescindible un
contrato de trabajo y que se pueda utilizar un documento alternativo al del
padrón para acreditar la residencia en el país, entre otras reivindicaciones.
En este sentido, Rangel aseguró que estas peticiones responden a que
"muy probablemente" algunos de los encerrados "acaban de llegar" al país,
refiriéndose sobre todo al colectivo de búlgaros que se encuentra en la
parroquia de Sant Medir de Barcelona y que, según informó Mosquera, mañana se
trasladarán también a la UPC. "No saben nada de castellano, incluso hacen sus
reivindicaciones en inglés, lo que demuestra que acaban de llegar", añadió
Rangel.
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernán-dez de la Vega, ratificó ayer el anuncio que hizo Jesús Caldera el jueves
sobre la voluntad del Ejecutivo de buscar cauces alternativos al padrón para que
los extranjeros puedan demostrar su estancia en España y que se puedan acoger de
esta manera con más facilidad al proceso de regularización.
Ante estas declaraciones, Mosquera dejó ayer una puerta abierta, ya
que dijo que si esto se acaba cumpliendo, "aunque no es nuestra prioridad,
estaríamos dispuestos a cambiar nuestra manera de protestar". Sin embargo,
también matizó que no cree que se cumpla y que ellos negociarán sin encierros
siempre que haya una verdadera negociación. Por el momento, tienen prevista una
reunión el lunes con el Síndic de Greuges para convecerle de que haga de
mediador entre ellos y el Gobierno. Sin embargo, dijo que "sólo se puede
negociar entre dos partes; y hay una que no quiere".
SOS Racisme, por su parte, se pronunció ayer de nuevo sobre el
proceso de regularización en marcha. En su comunicado, la ONG pide que haya una
mayor comprensión y mayor flexibilidad en las tramitaciones.
LA VANGUARDIA DIGITAL
BARCELONA.(Agencias.)
Barcelona y el Gobierno parece ir en aumento. Ayer, el delegado del Gobierno
central en Catalunya, Joan Rangel, advirtió a los cerca de 400 inmigrantes
encerrados que depongan su actitud porque "lo único que obtendrán -aseguró- es
una orden de expulsión".
Rangel acusó a los promotores de estos encierros de llevar a los sin
papeles "a un callejón sin salida", y les instó a "abandonar las medidas de
presión" como factor imprescindible para iniciar un diálogo con la
Administración. "Esta gente no viene a hablar, sino a amenazar, es como aquél
que quiere hablar con una pistola sobre la mesa", denunció.
Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea por la Regularización sin
Condiciones, no oyó las declaraciones, pero cuando le fueron comunicadas en la
UPC, a donde se trasladaron los inmigrantes del Pi, dijo que "la pistola la pone
él (por Rangel)". Además, Mosquera relató que "no es la primera vez que el
Gobierno nos amenaza y nosotros nos estamos manifestando de la forma más
pacífica que conozco".
En sus declaración, Rangel quiso dejar claro que, aunque se inicie
un diálogo en la misma línea que las conversaciones que se llevan a cabo con las
entidades de inmigrantes que representan a un 90% del colectivo, en ningún caso
se modificarán los requisitos para acogerse al proceso de regularización.
Los sin papeles encerrados reclaman que no sea imprescindible un
contrato de trabajo y que se pueda utilizar un documento alternativo al del
padrón para acreditar la residencia en el país, entre otras reivindicaciones.
En este sentido, Rangel aseguró que estas peticiones responden a que
"muy probablemente" algunos de los encerrados "acaban de llegar" al país,
refiriéndose sobre todo al colectivo de búlgaros que se encuentra en la
parroquia de Sant Medir de Barcelona y que, según informó Mosquera, mañana se
trasladarán también a la UPC. "No saben nada de castellano, incluso hacen sus
reivindicaciones en inglés, lo que demuestra que acaban de llegar", añadió
Rangel.
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernán-dez de la Vega, ratificó ayer el anuncio que hizo Jesús Caldera el jueves
sobre la voluntad del Ejecutivo de buscar cauces alternativos al padrón para que
los extranjeros puedan demostrar su estancia en España y que se puedan acoger de
esta manera con más facilidad al proceso de regularización.
Ante estas declaraciones, Mosquera dejó ayer una puerta abierta, ya
que dijo que si esto se acaba cumpliendo, "aunque no es nuestra prioridad,
estaríamos dispuestos a cambiar nuestra manera de protestar". Sin embargo,
también matizó que no cree que se cumpla y que ellos negociarán sin encierros
siempre que haya una verdadera negociación. Por el momento, tienen prevista una
reunión el lunes con el Síndic de Greuges para convecerle de que haga de
mediador entre ellos y el Gobierno. Sin embargo, dijo que "sólo se puede
negociar entre dos partes; y hay una que no quiere".
SOS Racisme, por su parte, se pronunció ayer de nuevo sobre el
proceso de regularización en marcha. En su comunicado, la ONG pide que haya una
mayor comprensión y mayor flexibilidad en las tramitaciones.
LA VANGUARDIA DIGITAL
BARCELONA.(Agencias.)
0 comentarios