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El Gobierno estudia una alternativa para regularizar a los inmigrantes sin empadronar

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se reunirá
de forma urgente con empresarios y sindicatos para encontrar una solución a los
inmigrantes que, cumpliendo todos los requisitos para regularizar su situación,
no cuentan con un certificado de empadronamiento anterior al 7 de agosto del
2004. Así lo dijo ayer el propio Caldera, quien añadió que habrá que dar una
respuesta a este problema a lo largo de la semana próxima, para que los
afectados tengan tiempo suficiente para acogerse al proceso de regularización
que concluye el 7 de mayo.

El ministro dijo que aunque, según los datos de que disponen, el
número de demandantes en esta situación es muy limitado, se buscará una solución
de urgencia para quienes estando en España antes de esa fecha no se empadronaron
hasta después.

El titular de Trabajo se mostró exultante al presentar los
resultados de los dos primeros meses del proceso de regularización, iniciado el
7 de febrero, y calificó de muy positivo que desde entonces se hayan presentado
más de 313.000 solicitudes en toda España. De ellas, 68.000 corresponden a
Catalunya, la segunda comunidad con más peticiones, por detrás de Madrid, con
87.068.

"El proceso está siendo un notable éxito", dijo el ministro, quien
destacó que es la primera ocasión en que un proceso de estas características se
vincula a la contratación efectiva de los inmigrantes y su alta en la Seguridad
Social.

En el segundo mes se ha duplicado el número de peticiones
presentadas con respecto al primer mes -205.000 en marzo frente a 108.000 en
febrero- y Caldera considera que en este último mes del proceso habrá aún más.
Aunque así sea, es difícil que el número final de solicitudes alcance las
800.000 personas que, se aventuró, se podrían acoger al proceso. Sin embargo,
supondrá la mayor avalancha de altas a la Seguridad Social nunca vista en la
historia de España y permitirá superar la barrera psicológica de los 18 millones
de cotizantes.

Caldera también informó que hasta el momento se han resuelto unas
65.000 peticiones y que sólo el 1% de las solicitudes de regularización no han
sido admitidas. También destacó el máximo responsable de este proceso que el
elevado volumen de trabajo ha hecho necesaria la apertura de 28 oficinas
adicionales en Madrid y Barcelona, con lo que se ha completado así una red de
188 en toda España. También se procedió a la contratación adicional de 200
personas para Madrid y de 170 para la central telefónica donde se facilita a los
solicitantes la cita previa para presentar la documentación.

El pasado miércoles fue el día en que hasta el momento se han
presentado un mayor número de solicitudes en una sola jornada, 12.313
peticiones, en lo que el equipo de Caldera interpreta será la tónica habitual de
las próximas semanas.

Al igual que sucede con el fenómeno de la inmigración, la
presentación de solicitudes se está concentrando en Madrid, Catalunya y la
Comunidad Valenciana, hasta el punto que estas tres comunidades acumulan el 64%
de las peticiones de normalización presentadas en febrero y marzo. Por
provincias, Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante y Valencia acumulan el 63% del
total de las solicitudes presentadas.

Contrasta, en el lado opuesto, la situación de Ceuta y Melilla, con
sólo siete y ocho solicitudes, respectivamente, lo que parece mostrar la
indiferencia más absoluta por este proceso en las dos ciudades autónomas.

En relación con las ocupaciones, el apartado régimen del hogar
concentra el 33% de las solicitudes, lo que da idea del peso del servicio
doméstico entre el empleo que desempeñan los inmigrantes en España.

Por nacionalidades, los ecuatorianos son, amucha distancia, quienes
en mayor número se están beneficiando de esta oportunidad. Hasta el momento se
han presentado 86.916 solicitudes de ciudadanos de Ecuador, frente a 42.629 de
rumanos, 38.968 de marroquíes, 34.000 de colombianos y 14.484 de bolivianos. El
caso de estos últimos es singular, pues el número de solicitudes presentadas
hasta el momento supera al total de bolivianos con permiso de residencia en
España, que en septiembre era de 9.771.

LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 08/04/2005
MADRID

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