En busca del falso padrón
Las redes de inmigración clandestina parecen estar en una carrera
contra el reloj para aprovechar los resquicios del proceso de regularización
iniciado el pasado 7 de febrero. Los policías destacados en los pasos
fronterizos con Francia han detectado en las últimas semanas numerosos casos de
ciudadanos rumanos que acuden desde su país con fotocopias de certificados de
empadronamiento de diferentes ciudades españolas con los que aseguran que se
demuestra que ya residían hace más de seis meses, según informaron a La
Vanguardia fuentes policiales.
El hecho prueba que los familiares o las redes mafiosas consiguen
empadronarlos en su ausencia y después les remiten un fax para que lo exhiban
ante la policía si tienen algún problema para entrar en España y como cierta
garantía de que podrán regularizar su situación. Ayer, el Ayuntamiento de
Tortosa abrió un expediente informativo para esclarecer la supuesta venta de
certificados de empadronamiento falsos a inmigrantes por elevadas cantidades de
dinero en las pedanías de Reguers y Bítem. El Ayuntamiento se ha puesto al
servicio de la fiscalía para ayudar en la investigación, aunque el alcalde, Joan
Sabaté (PSC), afirma no haber visto indicios delictivos en los funcionarios,
informa Esteve Giralt.
El empadronamiento previo a agosto del 2004 es uno de los requisitos
imprescindibles para acogerse al proceso de regularización que finaliza el
próximo 7 de mayo. Sin embargo, estas fotocopias de empadronamiento no son
suficientes para persuadir a la policía y a todos los autobuses de inmigración
irregular que son detectados se les obliga a dar la vuelta de regreso a Francia.
Las mismas fuentes informaron de que, con la llegada del buen
tiempo, muchos de estos vehículos cruzan por pasos fronterizos de carreteras
secundarias de montaña en donde prácticamente no hay vigilancia y que ahora se
hacen transitables y en invierno no pueden utilizarse por la presencia de hielo
y nieve.
Claro que antes lo intentan por los pasos normales. Cada día son
numerosos los autobuses de ciudadanos del Este que aseguran venir a España de
vacaciones cuando en realidad se trata de auténticos buques rodantes de
inmigración irregular. La policía los para y los rechaza, pero saben que en sólo
unas horas volverán a intentarlo por otro lugar y que tarde o temprano entrarán.
El Gobierno también es consciente de esta vía de inmigración no
reglada y por eso se ha aumentado de forma importante el número de policías
destinados en los pasos fronterizos. Al tiempo, se ha prolongado la misión de
los agentes que ya llevaban algún tiempo destinados en el control de fronteras.
Reforzar estas comisarías fronterizas es la única forma de llevar a cabo un
verdadero control del tránsito internacional de personas, puesto que se trata de
plantillas más que mermadas a las que los funcionarios no quieren ser destinados
por la lejanía y dureza del clima invernal.
El ministro del Interior francés, Dominique de Villepin, mostró
recientemente su intención de celebrar una cumbre del G5 -integrado por los
titulares de Interior de los cinco países más poblados de la UE- para estudiar
restablecer controles de extranjería dentro del espacio de libre circulación,
más conocido como espacio Schengen.
Apesar de todas estas circunstancias, el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, reclamó de nuevo el pasado lunes que se otorguen más facilidades
para la regulación de inmigrantes. En concreto, Múgica recomendó que los
extranjeros puedan acreditar su residencia en España antes de agosto del 2004
por otro medio que no sea el certificado de empadronamiento. Como ejemplos, la
oficina del Defensor cita declaraciones de entrada, trámites de expulsión, actas
notariales, diligencias en oficinas públicas o solicitudes de extranjería, entre
otras. En opinión de Múgica, el padrón, sencillamente, "no es el instrumento de
acreditación fiable que la Administración parece pretender que es".
LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 06/04/2005
MADRID
contra el reloj para aprovechar los resquicios del proceso de regularización
iniciado el pasado 7 de febrero. Los policías destacados en los pasos
fronterizos con Francia han detectado en las últimas semanas numerosos casos de
ciudadanos rumanos que acuden desde su país con fotocopias de certificados de
empadronamiento de diferentes ciudades españolas con los que aseguran que se
demuestra que ya residían hace más de seis meses, según informaron a La
Vanguardia fuentes policiales.
El hecho prueba que los familiares o las redes mafiosas consiguen
empadronarlos en su ausencia y después les remiten un fax para que lo exhiban
ante la policía si tienen algún problema para entrar en España y como cierta
garantía de que podrán regularizar su situación. Ayer, el Ayuntamiento de
Tortosa abrió un expediente informativo para esclarecer la supuesta venta de
certificados de empadronamiento falsos a inmigrantes por elevadas cantidades de
dinero en las pedanías de Reguers y Bítem. El Ayuntamiento se ha puesto al
servicio de la fiscalía para ayudar en la investigación, aunque el alcalde, Joan
Sabaté (PSC), afirma no haber visto indicios delictivos en los funcionarios,
informa Esteve Giralt.
El empadronamiento previo a agosto del 2004 es uno de los requisitos
imprescindibles para acogerse al proceso de regularización que finaliza el
próximo 7 de mayo. Sin embargo, estas fotocopias de empadronamiento no son
suficientes para persuadir a la policía y a todos los autobuses de inmigración
irregular que son detectados se les obliga a dar la vuelta de regreso a Francia.
Las mismas fuentes informaron de que, con la llegada del buen
tiempo, muchos de estos vehículos cruzan por pasos fronterizos de carreteras
secundarias de montaña en donde prácticamente no hay vigilancia y que ahora se
hacen transitables y en invierno no pueden utilizarse por la presencia de hielo
y nieve.
Claro que antes lo intentan por los pasos normales. Cada día son
numerosos los autobuses de ciudadanos del Este que aseguran venir a España de
vacaciones cuando en realidad se trata de auténticos buques rodantes de
inmigración irregular. La policía los para y los rechaza, pero saben que en sólo
unas horas volverán a intentarlo por otro lugar y que tarde o temprano entrarán.
El Gobierno también es consciente de esta vía de inmigración no
reglada y por eso se ha aumentado de forma importante el número de policías
destinados en los pasos fronterizos. Al tiempo, se ha prolongado la misión de
los agentes que ya llevaban algún tiempo destinados en el control de fronteras.
Reforzar estas comisarías fronterizas es la única forma de llevar a cabo un
verdadero control del tránsito internacional de personas, puesto que se trata de
plantillas más que mermadas a las que los funcionarios no quieren ser destinados
por la lejanía y dureza del clima invernal.
El ministro del Interior francés, Dominique de Villepin, mostró
recientemente su intención de celebrar una cumbre del G5 -integrado por los
titulares de Interior de los cinco países más poblados de la UE- para estudiar
restablecer controles de extranjería dentro del espacio de libre circulación,
más conocido como espacio Schengen.
Apesar de todas estas circunstancias, el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, reclamó de nuevo el pasado lunes que se otorguen más facilidades
para la regulación de inmigrantes. En concreto, Múgica recomendó que los
extranjeros puedan acreditar su residencia en España antes de agosto del 2004
por otro medio que no sea el certificado de empadronamiento. Como ejemplos, la
oficina del Defensor cita declaraciones de entrada, trámites de expulsión, actas
notariales, diligencias en oficinas públicas o solicitudes de extranjería, entre
otras. En opinión de Múgica, el padrón, sencillamente, "no es el instrumento de
acreditación fiable que la Administración parece pretender que es".
LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 06/04/2005
MADRID
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