Siete de cada diez profesores ven insuficientes las medidas para la atención de inmigrantes
El 70,6 por ciento de los profesores considera insuficientes
las medidas propuestas por el Gobierno para la incorporación y adaptación de los
alumnos inmigrantes al sistema educativo, entre otras cuestiones, por falta de
recursos personales y materiales, así como de formación de los docentes. Por
ello, reclaman programas específicos para hacer frente a la interculturalidad.
La mayoría (88 por ciento) apuesta por que todos los centros
sostenidos con fondos públicos participen en la escolarización equitativa de
todo el alumnado, con la finalidad de evitar "guetos" con población marginal o
estudiantes extranjeros. Sólo el 7,3 por ciento no es partidario de que todas
las escuelas sean solidarias a la hora de admitir a jóvenes con problemas, según
los datos de una encuesta elaborada por el sindicato ANPE, presentada en Madrid.
A ello se añade que casi ocho de cada diez (77 por ciento)
consideran alarmante el clima de violencia en los centros, principalmente por
falta de civismo. Los cerca de 2.000 profesores encuestados sobre las propuestas
expuestas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para reformar la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) achacan la responsabilidad de esta
problemática a la política educativa de los últimos años.
Estos profesionales reconocen que son los responsables últimos
de la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos a
través de la acción tutorial, para la que el 79 por ciento demanda un
complemento económico. A su juicio, si se incrementan sus funciones y
responsabilidades se deben pagar económica y administrativamente. El 54 por
ciento cree conveniente la ampliación del horario de tutoría.
Sin embargo, no hay una postura clara sobre los mecanismos de
atención a la diversidad propuestos en el texto gubernamental 'Una Educación de
Calidad para todos y entre todos' (adaptación curricular, desdoble de grupos,
diversificación, grupos flexibles), puesto que consideran que bien llevados, los
sistemas son parecidos y compatibles. Tienen claro que la situación actual es
conceptualmente compleja y prácticamente imposible de llevar a la práctica.
Así, el 46 por ciento no ve positivas las ideas sobre la libre
elección de materias de modalidad optativas en Secundaria y el 43 por ciento no
respalda la reducción del número de asignaturas obligatorias de modalidad, tal y
como se refleja en la investigación que ANPE presentará a la ministra de
Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, en la reunión que mantendrán esta
tarde.
En cuanto a la evaluación propuesta para Primaria y segundo de
Secundaria, el 43,5 y el 46,9 por ciento, respectivamente, no las ven acertadas,
siendo casi la mitad los docentes (49,6 por ciento) los que abogan por que los
Programas de Iniciación Profesional (PIP) conduzcan al título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y están en contra del mantenimiento de
los de Garantía Social.
Sobre pruebas de finalización de Bachillerato y acceso a la
Universidad, el 58,9 por ciento no desea que se elimine la Prueba General de
Bachillerato (PGB) que diseñaba la LOCE y el 70 por ciento cree necesario un
único examen que dé paso a la enseñanza superior. Pero no ven conveniente (70,6
por ciento) organizar un curso de acceso a los ciclos formativos de grado
superior sin el título de bachiller.
NO ENSEÑANZA ACONFESIONAL EN OTRAS MATERIAS
Más de la mitad no está a favor de que se incluyan aspectos
curriculares del hecho religioso en otras disciplinas porque creen que la
educación en valores debe realizarse de forma transversal y no ve bien la
materia de 'Educación para la Ciudadanía'. Además, el 62,9 por ciento no cree
acertado el tratamiento del Ejecutivo sobre la Religión.
Acerca de sus condiciones laborales, el 71 por ciento estima
que tienen que adecuarse al Estatuto de los Trabajadores y el 91 por ciento
aboga por la negociación con el Ministerio y las comunidades autónomas para
elaborar uno de la Función Pública Docente. Además, el 83 por ciento pide
acciones para configurar la carrera docente y el 88 por ciento, evitar
diferencias laborales y salariales entre autonomías.
Por todo ello, el presidente nacional de ANPE, Juan Miguel
Molina, trasladará a San Segundo el "alto grado de indiferencia y frustración"
del profesorado ante la reforma educativa. Para la inclusión de esta
organización docente al consenso educativo, le demandará la convocatoria urgente
de la Mesa Sectorial para elaborar el estatuto del profesorado, una ley
financiera, autonomía para los centros y un plan de convivencia.
DOCUMENTO "INFUMABLE" DEL CONSEJO ESCOLAR
Además, Molina aprovechó para denunciar el informe "infumable
y tomadura de pelo" que aprobará mañana el Consejo Escolar del Estado sobre la
reforma educativa para presentar al MEC. "No se ha hecho un documento con
sensatez", afirmó, al criticar que se haya elaborado con ocho criterios
diferentes.
Así, el Pleno de este órgano del sistema educativo redactará
un texto con las conclusiones sobre cada propuesta del Ministerio, las derivadas
de la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2004, las mayoritarias, las de
integración, las de consenso, las de ausencia de alternativas mayoritarias, las
de falta de posicionamientos del Consejo y las elaboradas con criterios de
brevedad y concisión.
Madridpress.com
las medidas propuestas por el Gobierno para la incorporación y adaptación de los
alumnos inmigrantes al sistema educativo, entre otras cuestiones, por falta de
recursos personales y materiales, así como de formación de los docentes. Por
ello, reclaman programas específicos para hacer frente a la interculturalidad.
La mayoría (88 por ciento) apuesta por que todos los centros
sostenidos con fondos públicos participen en la escolarización equitativa de
todo el alumnado, con la finalidad de evitar "guetos" con población marginal o
estudiantes extranjeros. Sólo el 7,3 por ciento no es partidario de que todas
las escuelas sean solidarias a la hora de admitir a jóvenes con problemas, según
los datos de una encuesta elaborada por el sindicato ANPE, presentada en Madrid.
A ello se añade que casi ocho de cada diez (77 por ciento)
consideran alarmante el clima de violencia en los centros, principalmente por
falta de civismo. Los cerca de 2.000 profesores encuestados sobre las propuestas
expuestas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para reformar la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) achacan la responsabilidad de esta
problemática a la política educativa de los últimos años.
Estos profesionales reconocen que son los responsables últimos
de la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos a
través de la acción tutorial, para la que el 79 por ciento demanda un
complemento económico. A su juicio, si se incrementan sus funciones y
responsabilidades se deben pagar económica y administrativamente. El 54 por
ciento cree conveniente la ampliación del horario de tutoría.
Sin embargo, no hay una postura clara sobre los mecanismos de
atención a la diversidad propuestos en el texto gubernamental 'Una Educación de
Calidad para todos y entre todos' (adaptación curricular, desdoble de grupos,
diversificación, grupos flexibles), puesto que consideran que bien llevados, los
sistemas son parecidos y compatibles. Tienen claro que la situación actual es
conceptualmente compleja y prácticamente imposible de llevar a la práctica.
Así, el 46 por ciento no ve positivas las ideas sobre la libre
elección de materias de modalidad optativas en Secundaria y el 43 por ciento no
respalda la reducción del número de asignaturas obligatorias de modalidad, tal y
como se refleja en la investigación que ANPE presentará a la ministra de
Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, en la reunión que mantendrán esta
tarde.
En cuanto a la evaluación propuesta para Primaria y segundo de
Secundaria, el 43,5 y el 46,9 por ciento, respectivamente, no las ven acertadas,
siendo casi la mitad los docentes (49,6 por ciento) los que abogan por que los
Programas de Iniciación Profesional (PIP) conduzcan al título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y están en contra del mantenimiento de
los de Garantía Social.
Sobre pruebas de finalización de Bachillerato y acceso a la
Universidad, el 58,9 por ciento no desea que se elimine la Prueba General de
Bachillerato (PGB) que diseñaba la LOCE y el 70 por ciento cree necesario un
único examen que dé paso a la enseñanza superior. Pero no ven conveniente (70,6
por ciento) organizar un curso de acceso a los ciclos formativos de grado
superior sin el título de bachiller.
NO ENSEÑANZA ACONFESIONAL EN OTRAS MATERIAS
Más de la mitad no está a favor de que se incluyan aspectos
curriculares del hecho religioso en otras disciplinas porque creen que la
educación en valores debe realizarse de forma transversal y no ve bien la
materia de 'Educación para la Ciudadanía'. Además, el 62,9 por ciento no cree
acertado el tratamiento del Ejecutivo sobre la Religión.
Acerca de sus condiciones laborales, el 71 por ciento estima
que tienen que adecuarse al Estatuto de los Trabajadores y el 91 por ciento
aboga por la negociación con el Ministerio y las comunidades autónomas para
elaborar uno de la Función Pública Docente. Además, el 83 por ciento pide
acciones para configurar la carrera docente y el 88 por ciento, evitar
diferencias laborales y salariales entre autonomías.
Por todo ello, el presidente nacional de ANPE, Juan Miguel
Molina, trasladará a San Segundo el "alto grado de indiferencia y frustración"
del profesorado ante la reforma educativa. Para la inclusión de esta
organización docente al consenso educativo, le demandará la convocatoria urgente
de la Mesa Sectorial para elaborar el estatuto del profesorado, una ley
financiera, autonomía para los centros y un plan de convivencia.
DOCUMENTO "INFUMABLE" DEL CONSEJO ESCOLAR
Además, Molina aprovechó para denunciar el informe "infumable
y tomadura de pelo" que aprobará mañana el Consejo Escolar del Estado sobre la
reforma educativa para presentar al MEC. "No se ha hecho un documento con
sensatez", afirmó, al criticar que se haya elaborado con ocho criterios
diferentes.
Así, el Pleno de este órgano del sistema educativo redactará
un texto con las conclusiones sobre cada propuesta del Ministerio, las derivadas
de la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2004, las mayoritarias, las de
integración, las de consenso, las de ausencia de alternativas mayoritarias, las
de falta de posicionamientos del Consejo y las elaboradas con criterios de
brevedad y concisión.
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