Trabajaban de sol a sol y cobraban salarios ridículos. La Guardia
Civil ha logrado detener en Huelva a dos empresarios que se aprovechaban de la
situación irregular de 21 inmigrantes africanos para tratarlos como esclavos en
una explotación agrícola.

Los detenidos son J.B.V, de 48 años y vecino de El Portil y una
mujer, M.M.G., de 32 años de edad y nacionalidad colombiana. Él es el accionista
mayoritario de la empresa intervenida y ella la administradora de la compañía. A
ambos se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores y ayer
estaba previsto que quedaran en libertad con cargos.

Según el portavoz de la Benemérita en Huelva, Antonio Castilla, los
inmigrantes no sólo no estaban dados de alta en la Seguridad Social sino que les
obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas, con sueldos mínimos y horarios
excesivos.

Los responsables de la empresa retenían la documentación de los 21
inmigrantes bajo la falsa promesa de que le tramitarían su regularización en
España, mientras tanto, ellos debían trabajar en una situación precaria.

La investigación se inició una vez que la Guardia Civil de Moguer
averiguó que algo irregular estaba ocurriendo en la empresa ubicada en
Gibraleón, las informaciones a la que tuvieron acceso les hacían sospechar sobre
un posible caso de explotación a diversas personas de origen extranjero.

Condiciones lamentables

Ante las evidencias abrieron una investigación, primero localizaron
la ubicación de la empresa olontense y certificaron, tras contactar con cuatro
de los afectados, tres senegaleses y uno procedente de Ghana, que todas las
sospechas eran fundadas. Los propios agentes que intervinieron en la operación
comprobaron que los inmigrantes trabajaban de forma clandestina y en unas
condiciones lamentables.

Ante la gravedad de los hechos, el pasado martes 24 de mayo, la
Guardia Civil informó a Inspección de Trabajo del Ministerio que procedió a
efectuar una supervisión de la empresa, momento en el que localizaron a los 21
inmigrantes y procedieron a la detención del principal accionista y de la
administradora de la compañía.

La Policía Judicial de Moguer ha instruido las correspondientes
diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del
Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva.

La presidenta de Huelva Acoge, María Luisa Vélez, abogó ayer por
aumentar el número de inspecciones de trabajo, para evitar que se produzcan
situaciones de explotación y maltrato a inmigrantes, como el producido
presuntamente en esta finca de Gibraleón.

En declaraciones a Europa Press, Vélez consideró que este tipo de
actuaciones hay que perseguirlas y por ello indicó que después de un proceso en
el que se han podido normalizar a todos los inmigrantes que se encontraban en
situación irregular, no vale continuar con esta problemática, por lo que incidió
en la necesidad de aumentar el control sobre estas explotaciones.

Diario SUR Digital